La operación para reflotar Talgo está sometida a constantes vaivenes. En diciembre, se supo que el Fondo Polaco de Desarrollo (PFR por sus siglas en polaco), volvía a entrar en escena mostrando intenciones de comprar al fabricante de flota. Y para que ésta no pierda su carácter español, condición impuesta por los gobiernos central y vasco, ahora se ha lanzado a la búsqueda de socios locales que colaboren para el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) que se anticipa amistosa.
Así, esta especia de SEPI polaca, considera que la operación "representaría un proyecto de consolidación industrial europea atractivo para la empresa y para España", han dicho desde el mismo en alusión al fabricante ferroviario español, según ha publicado la prensa especializada española. En ese sentido, PFR considera a Talgo una empresa "muy interesante", por tener una oferta "complementaria" a la de Pesa.
La entrada de Sidenor se enfría
El objetivo de toda la operación es comprar del 29,9% al fondo Trilantic, principal accionista de Talgo. Inicialmente, la adquisición debía corresponder al grupo siderúrgico vasco Sidenor, que ha ofrecido un precio de 4 euros por acción, lo que supondría valorar esa participación en 150 millones de euros y en unos 500 millones el total de la compañía. Y están dispuestos a retirarse si no se alcanza un rápido acuerdo.
El grupo indio Jupiter Wagons sigue adelante con sus planes de lanzar una OPA sobre Talgo y ha contratado a Lazard y Eversheds Sutherland como asesores.
Se cree que Jupiter Wagons presentará una oferta económica por Talgo superior a la ofrecida por el grupo industrial Sidenor, además, se prevé que el grupo indio también irá a por más del 30% del capital.
Sidenor ha marcado como límite los 4 euros por el 29,9% de Trilantic, principal accionista de la empresa ferroviaria. Una oferta rechazada por Trilantic, que exige, como mínimo, 5 euros por título.
Hace una semana, saltó la noticia de que el fabricante indio Jupiter Wagons se sumaba a la puja por Talgo.
También hay que recordar, que hace unos días, se conoció que la firma polaca Pesa había fichado a Société Générale y a Baker Mckenzie como asesores para este mismo proceso, después de imponerse a entidades como Lazard, Rothschild o Evercore.
El banco de inversión se habría ofrecido a aportar a la sociedad pública Polish Development Fund (PDF) la financiación necesaria para lanzar la OPA y también refinanciar la propia deuda de Talgo. Aunque inicialmente PDF podrían quedarse con un 29,5%, su objetivo final sería fusionar la compañía española con Pesa.
El objetivo tanto de Pesa como de Jupiter Wagons sería hacerse con el 40% de Pegaso.
Cabe señalar que el mayor accionista de Talgo es Pegaso, una sociedad formada por el fondo Trilantic, la familia Abelló y algunos miembros de los Oriol (fundadores de Talgo), con un 40,2% del capital. El peso de Trilantic en ese vehículo es superior al 60%, lo que supone ese 29,9% en el accionariado del fabricante de ferrocarriles.
La operación encabezada por Sidenor cuenta con el respaldo de los gobiernos central y vasco. Desde el Gobierno vasco aseguran que mantienen la "ilusión y el optimismo" sobre una posible entrada de Sidenor en Talgo, un proceso que dicen que está en "la recta final".
22/01/2025
Entre las víctimas colaterales del fracaso del decreto ómnibus del Gobierno, se encuentra desde hoy mismo la prórroga de la ley que permite vetar la entrada de inversores extranjeros en empresas que el Gobierno califique como estratégicas. Se trata de una norma que el Ejecutivo ha invocado en repetidas ocasiones, la última de ellas a finales de agosto pasado, cuando puso punto final a la opa de la empresa húngara Magyar Vagon en Talgo.
El final –momentáneo, según defienden en Moncloa– de este blindaje llega precisamente en un momento en el que el fabricante ferroviario español es objeto de interés de otros inversores foráneos.
No obstante, fuentes del Ejecutivo descartan que se vaya a producir una situación de "indefensión" en Talgo o en otras empresas de sus características, dado que existe la posibilidad de aprobar en las próximas semanas una disposición legal semejante a la que ha estado vigente desde 2020, y que ahora no se prorroga.
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A su alcance está el recurso a un Decreto-Ley que, no obstante, tendrá que volver a someterse a una convalidación parlamentaria, para la que no está claro que cuente con los apoyos necesarios, como ocurrió el pasado miércoles.
En concreto, esta medida salió adelante en el peor momento de la emergencia provocada por la epidemia del Covid-19, cuando la crisis económica que la acompañó despertó los temores de que grandes empresas españolas cayeran en manos de actores oportunistas.
Para ello, se establece la exigencia de que el Gobierno autorice toda operación de una empresa extranjera que pretenda superar el 10% de una firma cotizada española. También las no cotizadas se ven amparadas en el caso de que la inversión prevista en su capital supere los 500 millones de euros.
En vigor desde 2020
Entre marzo de 2020 y finales de 2023, el Gobierno tan solo aplicó el escudo anti opas en 2022 para desautorizar una operación de las 264 que se sometieron en dicho periodo al escrutinio de esta normativa.
Una de las opciones que contempla la normativa es la autorización de las operaciones con la aplicación de medidas de mitigación de riesgos, un procedimiento similar al que utiliza la Comisión Europea con la imposición de remedies (condiciones) para dar su visto bueno a algunas transacciones como, por ejemplo, el caso de la fusión de Orange y MásMóvil en España, fruto de la cual nació MásOrange.
No obstante, la gran mayoría de las operaciones de inversión extranjera en empresas estratégicas entre 2020 y 2023 se aprobó sin la aplicación de ningún tipo de medida de mitigación de riesgos.
En concreto, en 2020 solo una de las operaciones tuvo que aplicar medidas de este tipo (3,6% del total), en 2021 fueron seis (11%), en 2022 se implementaron en nueve ocasiones (11%) y en 2023 en ocho casos (8%).
Los informes de la Secretaría General de Inversiones Exteriores -dependiente del Ministerio de Economía- recogen el país de origen del inversor último en las operaciones sometidas al escrutinio del 'escudo anti opas' y, si bien Estados Unidos ha sido el principal interesado en todos los años desde que está vigente la normativa, se observa una caída del apetito de los inversores procedentes de China y un mantenimiento del interés de los inversores de Emiratos Árabes Unidos.

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